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A partir del 4 de febrero de 2016, el Congreso mexicano promulgó una nueva ley relativa al derecho constitucional de réplica.
El derecho de réplica se define como la posibilidad que tienen las personas de solicitar a las fuentes de información que aclaren declaraciones falsas o imprecisas que afecten su honor, vida privada o imagen.
La ley establece las obligaciones de las fuentes de información y los procedimientos para proteger el derecho de réplica. Asimismo, prevé las sanciones judiciales aplicables a quienes no proporcionen una respuesta. Es importante que las fuentes de información sepan que deben designar un representante encargado de recibir y responder a las solicitudes de las partes afectadas. Deberán mantener en sus sitios web los datos de contacto de dicho representante.
