Por primera vez en varios años, estamos observando señales alentadoras de que la observancia penal de los derechos de propiedad intelectual en México podría estar entrando en una nueva etapa.

Los desarrollos que estamos observando no se limitan a un incremento en la actividad de observancia o en las estadísticas de aseguramientos. Más importante aún, sugieren un esfuerzo institucional más amplio para fortalecer el marco jurídico, perfeccionar los criterios de persecución penal y mejorar la eficacia de los procedimientos penales relacionados con derechos de propiedad intelectual.

Las recientes interacciones con la titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDPI) han proporcionado información valiosa sobre las prioridades institucionales que actualmente están definiendo la observancia penal de la propiedad intelectual en México.

Uno de los desarrollos más alentadores es la disposición de dicha Fiscalía para mantener un diálogo abierto con los titulares de derechos y los profesionales de la materia, revisando prácticas y criterios de persecución penal que, en los últimos años, habían obstaculizado la persecución efectiva de los delitos en materia de propiedad intelectual.

Las iniciativas que actualmente impulsa la Fiscalía Especial sugieren una evolución estratégica en la forma en que se investigan y persiguen los delitos contra la propiedad intelectual, incluyendo investigaciones basadas en inteligencia orientadas a desarticular redes criminales en lugar de perseguir infractores aislados, un mayor reconocimiento de los derechos procesales de las víctimas durante los procedimientos penales, una coordinación interinstitucional más sólida, una mayor alineación con los compromisos internacionales asumidos por México en el marco del T-MEC, así como iniciativas legislativas destinadas a fortalecer el marco penal aplicable a los delitos en materia de propiedad intelectual.

La FEIDCDPI también presentó cifras alentadoras en materia de observancia correspondientes al primer semestre de 2026, reflejando incrementos sustanciales en el número de productos asegurados, investigaciones penales, órdenes de aprehensión cumplimentadas y personas vinculadas a proceso.

Si estas iniciativas continúan evolucionando y se implementan de manera consistente, los titulares de derechos podrían beneficiarse de un entorno de observancia penal más eficaz, particularmente en asuntos relacionados con operaciones organizadas de falsificación, piratería, infracciones cometidas a escala comercial y reincidencia.

El que estas iniciativas se traduzcan finalmente en mejoras estructurales de largo plazo dependerá de su implementación consistente por parte de los fiscales, las autoridades investigadoras y los tribunales, así como de los esfuerzos continuos por fomentar una coordinación más estrecha con las autoridades aduaneras mexicanas, particularmente para combatir la falsificación transfronteriza y el comercio ilícito. No obstante, la dirección que están tomando estos desarrollos resulta alentadora.

Los titulares de derechos no solo deberían dar un seguimiento cercano a estos desarrollos, sino también aprovechar estos canales de comunicación para fortalecer la cooperación con las autoridades, contribuir al fortalecimiento de las investigaciones e integrar una observancia penal coordinada dentro de estrategias más amplias de protección de la propiedad intelectual en México.

Continuaremos dando un seguimiento cercano a estos desarrollos y mantendremos informados a nuestros clientes sobre cualquier cambio legislativo, institucional o en materia de observancia que pueda afectar la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual en México.