Language:
junio 2, 2021
Con fecha 11 de noviembre de 2020, el Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó una iniciativa relativa a la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad la cual fue aprobada por las dos Cámaras Legislativas el día 30 de abril, estableciéndose lo siguiente:
En la iniciativa se argumentó que los medios tienen un incentivo a remunerar a las agencias para que éstas los favorezcan con sus decisiones de selección, pudiendo ser de manera directa: comisiones por concepto de venta o, de manera indirecta: la venta de espacios publicitarios a precios inferiores a los del mercado para su posterior reventa, la celebración de contratos de asesoría ficticios así como precios superiores a los del mercado. Por ello, las agencias pueden encontrar dificultades al momento de identificar las remuneraciones indirectas como pagos que “favorezcan” la selección de un medio en el diseño de la campaña publicitaria de un anunciante. Siendo cierto que la situación descrita tiene falta de transparencia en el mercado de la publicidad.
Lo anterior implica generalmente conflictos de interés por parte de las agencias, dado que tienen un incentivo para seleccionar (o sugerir la selección) del medio que le otorga la mayor remuneración, aun cuando pueda no corresponder al mejor interés del anunciante por el que fue contratada. De igual manera, estas prácticas distorsionan el funcionamiento del mercado de la publicidad, incurriendo en prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida en favor de ciertos sectores.
La propuesta consiste en lo siguiente:
Multa hasta por el equivalente de dos por ciento de sus ingresos:
La publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación y la emisión del Reglamento a Ley se encuentran pendientes.
Las asociaciones del sector de la publicidad que se unieron, señalan en los medios que se oponen a la Ley, ya que manifiestan que desde que nace la iniciativa existe un “desconocimiento” por parte de los legisladores y aseguran que puede afectar a su capacidad competitiva así como al empleo.
Socio