Licitación pública más grande de productos para el cuidado de la salud en México y acciones legales disponibles

junio 19, 2019

El Ministerio de Salud (MoH), acompañado por el Ministerio de Hacienda (MoF), emitió recientemente normas relativas a la inversión de alrededor de MXN 17 mil millones (aproximadamente USD 890 millones) para adquirir productos de salud que las aseguradoras públicas necesitan para el segundo trimestre de 2019. Si bien el Ministerio de Salud es el encargado de gobernar el proceso, el Ministerio de Hacienda es la agencia que lleva a cabo el proceso de adquisición en la práctica. Más de 300 empresas han manifestado su interés en participar.

Las reglas de esta licitación se apartan de licitaciones de administraciones gubernamentales anteriores al abrirla directamente a todos los participantes internacionales y establecer precios minoristas máximos generalmente más bajos que los precios más bajos disponibles en México. Como era de esperar, estas reglas han sido muy criticadas.

En su primera reunión para aclarar dudas el 11 de junio, el Ministerio de Salud recibió varias quejas de las partes interesadas. Estos van desde criticar la logística para la distribución de productos hasta cuestionar las razones legales y técnicas para abrir esta licitación a todos los participantes internacionales, en lugar de comenzar con participantes nacionales e internacionales de países que son socios comerciales de México a través de Tratados de Libre Comercio. Los registros muestran más de 5.500 consultas o peticiones de los participantes, la mayoría de las cuales no han recibido una respuesta suficiente.

El Ministerio de Salud fijó originalmente la fecha límite para presentar ofertas y recibir una adjudicación posterior para el 20 de junio, pero recientemente el Ministerio de Hacienda la ha extendido tanto como sea posible, hasta el 24 de junio. Las aseguradoras públicas involucradas necesitan los productos adquiridos a principios de julio para evitar escasez.

Remedios legales

Además de los recursos ordinarios relacionados con las licitaciones públicas, los participantes afectados por el laudo podrían agotar un recurso extraordinario para impugnar dicho laudo e intentar obtener medidas cautelares. Esta es una acción constitucional conocida como una demanda de amparo que se presenta ante los tribunales de distrito impugnando decisiones administrativas, como la adjudicación de una licitación, en lugar de demandar a las personas.

Las justificaciones para tales acciones van desde el incumplimiento de los derechos exclusivos, si corresponde; violación de la ley y los tratados internacionales como resultado de abrir directamente la licitación a cualquier participante internacional; logística poco clara y solicitudes cuestionables relacionadas con el requisito de que los licitadores sean titulares de una autorización de comercialización; y competencia desleal debido a la aceptación de productos de algunos países con cargas regulatorias cuestionables.

Dado que el sistema de apelaciones mexicano es bastante complejo, es muy recomendable que los participantes obtengan una evaluación adecuada en función de su caso individual y dediquen el máximo cuidado a la preparación y el enjuiciamiento de las acciones presentadas. Estar preparado para desencadenar acciones antes de la eventual adjudicación es clave, porque brinda tiempo para solicitar y administrar las medidas cautelares. Por ejemplo, el plazo para presentar una demanda de amparo es corto (15 días hábiles a partir de la fecha del servicio).

Olivares tiene una amplia experiencia en litigios sobre el proceso de licitación pública / adjudicaciones y la obtención de medidas cautelares que eviten daños a los clientes. El equipo de Olivares continuará monitoreando esta licitación y proporcionará actualizaciones con los desarrollos.