El 11 de julio, México firmó el Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA), a cuyo proyecto se han unido naciones como Marruecos, Singapur, Corea del Sur, Australia, Japón y  Estados Unidos.

El Senado mexicano debe ratificar ACTA para que éste se vuelva jurídicamente vinculante. El proceso de ratificación podría demorarse, dado al calendario del Congreso, y a que además será reemplazado en septiembre próximo. Una razón adicional de demora es que varios grupos presionarán buscando que los senadores rechacen este acuerdo. Su argumento principal contra ACTA se basa en el derecho de autor en el entorno digital, pues los grupos opositores sostienen que resultará en una amenaza contra los derechos de privacidad en Internet.

El gobierno mexicano ha sido cuidadoso para firmar ACTA, por varias razones desde luego, y espera su ratificación a pesar de la oposición. El gobierno  ha previsto al ACTA como un medio para fortalecer la  observancia de los derechos de propiedad intelectual, cuyos estándares están por encima de los tratados TLCAN, ADPIC u OMPI, a través de cooperación internacional en cuanto a medidas en frontera, acciones de anti-piratería y anti-falsificación, en general.

Ciertamente, ACTA abarca también al derecho de autor en el entorno digital. De hecho, su alcance es muy amplio, lo cual en principio, significa que los países miembros pueden adoptar el sistema que prefieran. La intención del tratado es proteger los derechos de autor en el entorno digital, sin afectar ningún interés legítimo. Ningún sistema puede ser válido si atenta en contra de los Derechos Fundamentales. La Ley Federal del Derecho de Autor es compatible con los Derechos Fundamentales y por consiguiente puede exigir su cumplimiento en medios digitales sin afectar a estos. El Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha declarado que: “…la aplicación de ACTA no generará un ambiente permanente de monitoreo y supervisión de las actividades diarias efectuadas en Internet, y tampoco será excusa para revisar o confiscar equipos de cómputo, o reproductores portátiles de audio o video”.

Al tratarse de un tratado internacional de orden público, ACTA requerirá de su implementación en la legislación local. El gobierno mexicano cree que al legislar bajo el marco de ACTA, el Congreso puede adoptar una postura equilibrada. México necesita elevar urgentemente los niveles de protección de los derechos de autor en los medios digitales, para participar de las tendencias internacionales; y sin detrimento de los derechos propios de la sociedad. El Congreso puede liderar el desarrollo, siendo un árbitro justo, y  ACTA puede ser el vehículo para cumplir tal propósito.

Algunos grupos internacionales como la International Trademark Association (INTA) han aplaudido la iniciativa de México de firmar ACTA. Éstas recomiendan que el Senado ratifique e implemente dicho acuerdo a la brevedad.

Esperamos que el Senado mexicano ratifique e implemente adecuadamente el Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA) en la ley mexicana. Les mantendremos debidamente informados sobre el progreso de la ratificación.